El 4 de Julio de 2011 se celebran 20 años de la firma de la constitución de 1991. Dos décadas parecen suficientes para analizar, examinar y evaluar, el hito histórico que remplazó al proyecto político regenerador de 1986, hegemónico por más de cien años.
1991 será recordado por todos los colombianos como el año donde el proyecto de nación inviable (de esto dan cuentan los conflictos sucedidos a lo largo del siglo XX: Guerra de los mil días; Periodo de la Violencia o Genocidio al gaitanismo; guerrillas de los sesenta y setenta) de la regeneración, es remplazado por un proyecto acorde, en la mayoría de sus puntos, con la realidad sociocultural y política de nuestro país.
Toda constitución tiene una historia, la del enfrentamiento entre las fuerzas políticas presentes en la realidad; y aunque muchos quieran enlodarla, la de 1991 no es la excepción:
Durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, jóvenes de diferentes regiones del país crearon o adhirieron a las guerrillas comunistas que luchaban por la reivindicación de grupos históricamente excluidos: Indígenas, afro descendientes, trabajadores, mujeres, campesinos, regiones de frontera, etc. Juzgar su decisión o acción en pleno año 2010 es injusto y un error histórico, aunque muchos analistas mediáticos realizan irresponsablemente ese tipo de ejercicios interpretativos.
Simplemente eran otras épocas; el contexto, como dicen los académicos, era diferente. En plena guerra fría, la Unión Soviética contraponía su modelo de desarrollo económico al capitalismo finalmente triunfante. Latinoamérica, al igual que otras regiones del planeta, era territorio de disputa y escenario de conflicto en el enfrentamiento entre potencias. El triunfo armado de un movimiento guerrillero en Cuba, alimentaba la esperanza de aquellos que buscaban el poder con la lucha armada. Un movimiento cultural y social denunciaba, desde adentro del Imperio, los problemas de la guerra nuclear, el consumo en extremo y las invasiones a pequeños países disfrazadas de guerras por la libertad. Planteaban, por su parte, la necesidad de retornar a un tipo de vida en comunidad más simple y en reencuentro con la naturaleza, ideas que ampliamente se difundieron por el mundo.
La anterior narración no es tan antigua, los vientos de cambio sonaron hace solamente dos décadas. Nuestros padres aun recuerdan los golpes mediáticos de los grupos armados, para rescatar del olvido a los líderes de la historia nacional y popular. Cansados de la lucha, confiados en buscar un camino diferente de transformación política, la mayoría abandona las armas y realiza acuerdos de paz con el gobierno. Años más tarde, los ex comandantes guerrilleros y muchos de sus compañeros (más de 2000) son asesinados cuando competían legalmente por la presidencia de la Republica.
En ese momento, el movimiento estudiantil de la séptima papeleta buscando el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados, intenta transformar el sistema político convocando a una asamblea constitucional. Por lo tanto, los jóvenes de las clases populares que murieron en los grupos guerrilleros -y dentro de los cuerpos oficiales, policía y ejército - pusieron su sangre para transformar el país. Ellos, independiente de las opiniones que generen, pusieron en la agenda los problemas de comunidades históricamente silenciadas; y tal vez sin su insurrección, hubiesen permanecido olvidados y acallados por el resto de la sociedad. No es casualidad que entre las fuerzas políticas firmantes de la carta constitucional de 1991 estuviera una tercera, diferente a los partidos tradicionales, Liberales y Conservadores.
Sin embargo, la firma de la constitución de 1991 no detuvo la revancha de las clases dirigentes; declarada descaradamente por los líderes paramilitares en el congreso, meses después de la consolidación de la mafia narcotraficante en los poderes legislativo y ejecutivo. Al mejor estilo de la operación Cóndor, llevada acabo en el cono sur del continente, mataron líderes populares (indígenas y campesinos) sindicalistas, defensores de derechos humanos, académicos, investigadores, periodistas, cualquier persona con pensamiento alternativo, etc. como método preventivo para disipar la amenaza comunista que vivía Colombia.
Para celebrar los veinte años de su firma es pertinente hablar de ella: preguntarse como ciudadano común y corriente, porqué y para qué se hizo la constitución, o más importante aún, porqué no siguió la anterior; las múltiples respuestas dan para seminarios en las Instituciones de Educación Superior con carreras de Derecho; o para los típicos concursos del Ministerio de Educación Nacional, gran responsable por la falta de apropiación individual de los derechos y deberes allí consignados.
La constitución de 1991 buscó transformar el proyecto político regenerador de fines de siglo XIX: centralista, con claros rasgos religiosos y coloniales, escrito por una elite mayoritariamente conservadora. Desde su firma, Colombia es un país multiétnico y pluricultural, sectores de la población excluidos de la constitución de 1886 tuvieron visibilidad. Además, se postula como un Estado Social de Derecho (No de derecha, aunque los últimos ocho años digan lo contrario) con las consecuencias que trae: Garantizar los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y las libertades personales.
También se firmo para No Olvidar el baño de sangre de las generaciones que permitieron su construcción: movimientos guerrilleros de los setenta, guerrillas liberales, líderes de la independencia, de la resistencia indígena a la colonización, grupos en contra de la esclavitud y demás movimientos sociales que plantearon, en su época, cambiar la hoja de ruta del país. Lamentablemente, se incluyo entre esos nuevos proyectos o recetas para el desarrollo, al libre comercio; del cual, ahora, se observan sus desiguales consecuencias. El acceso al comercio mundial requería achicar el tamaño de Estado, y por lo tanto, el recorte de los derechos peleados por sectores populares durante décadas: salud, educación (El sector público hubiera ayudado al conocimiento de la nueva carta) pensión y pleno empleo.
Dentro de los temas planteados por los asambleístas de 1991, estuvo la reorganización política administrativa del territorio nacional. Un proyecto para transformar las unidades administrativas intermedias, o departamentos existentes en la actualidad. Construidos sobre ningún criterio socioeconómico o cultural, permiten el aumento del ingreso de las elites regionales, ubicadas en las capitales departamentales, y la imposibilidad de reinversión en los pueblos generadores de riqueza; Además, de ciertos regionalismo nefastos para la construcción de una nación diversa.
La carta firmada hace casi veinte años, busco terminar con la injerencia de la iglesia y del Estado en los asuntos individuales. El individuo es libre para determinar su personalidad, lo que realice en la esfera privada nada debe importar a las instituciones eclesiásticas o civiles. Sin embargo, es muy difícil garantizar una educación laica cuando la iglesia católica remplaza la oferta de educación pública en los niveles básica, medio y superior. Entre otro de los artículos promulgados y olvidados, se encuentra uno donde Colombia se compromete a buscar la integración regional con los países vecinos.
Veinte años después, Colombia enfrenta problemas diferentes, por ejemplo: la guerra contra el narcotráfico impuesta desde el extranjero; una confrontación defendida pero nunca debatida, que simplifica el problema de la drogas al productor y nunca al consumidor. Un negocio descontrolado, donde el flujo de capitales recorre las bancas mundiales y termina por condenar a nuestro país a una guerra fraticida. Dando como resultado, un país con el mayor índice de desigual, pobreza e indigencia de la región, pese al crecimiento sostenido del PIB durante los últimos, casualmente, ocho años.
Por último y más importante, parece que la sociedad civil (UD., yo, todas y todos los colombianos) después de veinte años, olvidó el poder de la protesta, o la manifestación política. Los medios de comunicación y el aparato escolar, la deslegitimaron como herramienta política de las clases populares o la excluyeron de sus contenidos, respectivamente. La historia enseña, que fue precisamente gracias a la protesta, armada o popular, que la sociedad civil conoció los problemas de los otros ciudadanos, sin ella hubiera sido imposible escuchar los problemas de los sectores silenciados. Que la protesta sirve, especialmente, cuando parece que no queda nada por hacer y si mucho por arriesgar.
Esa es, precisamente, una de las lecciones más importantes que deja la constitución de 1991: La protesta social funciona; y ante la deslegitimación actual de la lucha armada, es la única herramienta política que tienen los sectores populares para defenderse y complicar la función de las clases dirigentes. Con ella pueden hacer entender que unos no existen sin los otros; que el hambre de unos por el enriquecimiento de otros, conlleva a un nuevo derramamiento de sangre, como históricamente a sucedido, pues es ella, la sangre, la única arma para usar en el juego político. La protesta sirve para alterar y ayuda a la hora de negociar políticamente.
La constitución del 91 cumple veinte años, y después de ocho años de reformas personales que intentaron acabar con su espíritu, sigue viva y vigente; lastimosamente en estas dos década, no existió un conocimiento real de sus consignas por parte de los colombianos, y las FARC, al no desmovilizarse, dejaron abierta una puerta, dieron un argumento al genocida para justificar su acción contra la historia social y política que permitió su construcción. Las FARC con sus armas, se trasformaron en el demonio que justifica la creación de un demonio peor por parte del Estado para combatirlo. Queda para cada uno de ellos la culpa de ser, en parte, responsables de la muerte de sus hermanos, de sus compañeros. De su distanciamiento con la sociedad civil, con el pueblo que dicen defender. De su acercamiento con el negocio de las drogas y lo peor, el transformarse en argumento para que el Estado genocida cometa la peor violación de derechos humanos contra las clases populares conocida en la historia de Colombia.
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